La investigación comenzó tras una denuncia en la que se informaba a los agentes de la existencia una red dedicada a la compraventa de contratos de trabajo a ciudadanos extranjeros de nacionalidad marroquí, colombiana, española y boliviana para regularizar su situación administrativa en España.
En total, la banda llevó a cabo un fraude de 397.669 euros a las arcas del Estado ya que cobraban cantidades de entre 900 y 5.000 euros a ciudadanos extranjeros a cambio de ofertas de contratos y asesoramiento en los trámites para conseguir la tarjeta de residencia en nuestro país.
Además vendían contratos por 900 euros a presos que se encontraban en tercer grado para poder salir de prisión en régimen de libertad condicional. También los implicados en la trama ganaban entre 400 ó 500 euros por cada contrato de trabajo que realizaban a ciudadanos españoles. En una ocasión percibieron 1.100 euros a cambio de simular un mes de alta en la Seguridad Social de un empleado de la construcción para que consiguiese la prestación por desempleo. La operación ha culminado con la detención de 13 personas acusadas de fraude fiscal, falsedad documental y estafa.
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